La Corte Suprema ratificó la absolución de una mujer que dio muerte a su marido como reacción a años de episodios de violencia intrafamiliar, sufridos durante 18 años de unión conyugal.

En fallo unánime (causa rol             2158-2010      ), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal -Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Ricardo Peralta- rechazaron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que eximió de responsabilidad penal a Silvia Salinas Vargas, quien disparó contra de su marido Arturo Muñoz Jorquera.

El 19 de junio de 2000, Salinas Vargas disparó en tres ocasiones y dio muerte a su pareja, luego de que el hombre agrediera a los hijos en común, situación que era recurrente en el marco de la violencia intrafamiliar en que convivían.

La sentencia determinó que no hubo infracción en  la resolución del Juzgado del Crimen de Rancagua, ratificado por la Corte de Apelaciones, que estimó que el parricidio fue en reacción a la violencia sufrida por años.

"Que para la acertada decisión del asunto, importa dejar en claro que los jueces del fondo absolvieron a Silvia Gimena Salinas Vargas de la acusación de oficio, su adhesión y la acusación privada que le imputaban ser autora del delito consumado de parricidio en la persona de su cónyuge Arturo Enrique Muñoz Jorquera, cometido en Machalí el diecinueve de junio de dos mil, y calificó como tal los hechos fijados en el fundamento segundo del fallo de primera instancia, en los términos que allí se describen; y en seguida, en el basamento séptimo, consigna que si bien es cierto se encuentra acreditada en autos la existencia del hecho típico, es innegable que concurren elementos latos y contundentes para entender el actuar de la hechora dentro de las llamadas ‘causales de justificación’ y por consiguiente, no incumbe enmarcarla en una conducta antijurídica, puesto que se presentan plenamente los requisitos de las eximentes de responsabilidad penal contempladas en los numerales cuarto y quinto del artículo 10 del Código Penal, vale decir, obrar en defensa de su persona o derechos y de la de sus parientes, exigencias que son versadamente desplegadas y razonadas en la lucubración octava del citado laudo, debidamente reproducida por los sentenciadores de alzada, quienes se hicieron cargo de las discrepancias de los apelantes para considerarlas como evidenciadas en el litigio, proceso intelectual y jurídico que se plasma en una sentencia fundada, coherente y lógica, que desde el considerando cuarto a décimo quinto y décimo noveno a trigésimo primero fija los presupuestos fácticos que tornan copiosamente aplicables al acontecimiento sub judice las causales antes expuestas, disquisiciones que esta Corte comparte”, dice el fallo.

Y agrega: "Las conductas determinadas en la resolución atacada, han surgido de indicios apoyados en hechos reales y probados, como se desprende de los testimonios y piezas documentales relacionados en el fundamento segundo del edicto del a quo, que el recurrido hace suyo, de los cuales emanan antecedentes suficientes para establecerlos del modo que se lee en las correspondientes reflexiones de los tribunales de la instancia, actos en los que convergen los componentes legales de las eximentes de que se trata y que el veredicto refutado constata (…) Que lo anotado precedentemente faculta inferir que los jurisdicentes no han quebrantado las disposiciones a que se refieren los recursos, de suerte que la pretensión en el sentido de obtener la nulidad del dictamen controvertido que reposa singularmente en el literal primero del artículo 546 del Código de Instrucción Criminal, tampoco puede prosperar”.